¿Es peligroso que ciudadanos y militares deliberen cívicamente en Chile?

Por: Gabriel Salazar

En el Artículo 20 del Código Civil, el significado de “deliberar” no es otro que considerar el pro y el contra de nuestras decisiones, antes de realizarlas… Es la facultad o derecho para discutir los problemas… Pero lo que el derecho natural otorga a los cuerpos armados, le está vedado por el derecho positivo chileno (Capitán Fernando Montaldo) [1]

En una entrevista reciente realizada por el periódico El Mercurio al Comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, entre otros tópicos, se señala que “fuentes de la institución indican  que, entre los temas internos que quedan pendientes, está que se defina qué es deliberación, porque, incluso cuando los militares rectifican información falsa… se les acusa de deliberar”[2].

En la Cantata Santa María, en memoria de la masacre de 1907, una de sus estrofas recuerda: “es peligroso ser pobre, amigo”… A eso, si se estudia en profundidad la larga y angosta historia ciudadana de Chile, cabe agregar: “es peligroso deliberar, amigo”.

Pues, respecto a los militares, todas las constituciones políticas que han regido el país desde su independencia (de 1823, 1833, 1925 e incluso la de 1980) han dictaminado que los militares “son esencialmente obedientes y no deliberantes[3]. Pues la deliberación ‘libre’ en materias constitucionales configura el delito de “sedición”.

Respecto a los ciudadanos, esas constituciones no han dictaminado explícitamente que  no son deliberantes (como los militares), pero, en los hechos concretos, las elites que las redactaron han impedido siempre – con drásticas medidas represivas – que la ciudadanía participe deliberando libremente en la redacción de esos textos.

Se da, pues, la perversa anomalía de que el Derecho Constitucional vigente, al prohibir que ‘algunos chilenos’ deliberen sobre los problemas del país, les niega su condición de ciudadanos; mientras que a ‘todos’, al impedir que ejerzan el deliberativo poder constituyente, les niega su condición de pueblo soberano.

¿Quiénes, entonces, han deliberado las Constituciones chilenas? En 1823, por decreto del general Ramón Freire, deliberaron los representantes de todos los “pueblos” de Chile, pero el pueblo (aristocrático) de Santiago se las arregló, con trampas, para que don Juan Egaña, solo, por sí mismo y en su casa, redactara la Constitución (liberal, mercantil y aristocrática) de ese año… En 1833 deliberaron, bajo condiciones de “tiranía”, sólo los aristócratas civiles ‘vencedores’ en la batalla de Lircay, excluyendo a 2/3 del electorado… En 1925, pese a que militares y trabajadores habían acordado convocar a una libre Asamblea Constituyente, deliberó, mediante engaños y bajo ley marcial, sólo un pequeño comité de amigos de Arturo Alessandri, el mismo que redactó la Constitución (liberal e ilegítima) de 1925… Y en 1980, pese a que un gran movimiento popular había tratado de reformar las estériles estructuras liberales emanadas de la Constitución ilegítima de 1925, un brutal golpe militar lo impidió, para que un pequeño comité de militares y civiles impusiera, bajo condiciones de “tiranía”, una Constitución más liberal y mercantil que todas las anteriores[4].

No es históricamente incorrecto, pues, decir que en Chile, es peligroso (o sedicioso)  deliberar y participar soberanamente en un proceso constituyente.

Porque los militares, al obedecer “esencialmente” (léase: ciegamente) a textos constitucionales ilegítimos de nacimiento, y a las autoridades que usurparon de hecho la soberanía popular, al “no-deliberar” sobre eso, han corrido un doble peligro: a)  convertirse en un ejército pretoriano (guardia privada de una elite mafiosa), con una organización similar a la gangsteril (los “secuaces” obedecen ciegamente al “capo”, sin deliberar jamás sobre nada, so pena de muerte), y b) terminar masacrando la legítima rebelión de sus propios conciudadanos (23 veces en 150 años,  caso de Chile).

Y porque los ciudadanos, al “no deliberar soberanamente” sobre su propio destino, han corrido el riesgo de convertirse en un pueblo-masa: inerme, legalmente automatizado, rabioso y destructivo, con muchos “derechos” nominales y ningún “poder” efectivo. Un pueblo, en fin, condenado a rumiar su propia impotencia y a rebelarse ‘sediciosamente’ una y otra vez, con heroísmo total y derrota segura.

Con todo, a pesar de lo que dice la ley, y de lo que hace la oligarquía política, los militares, más de lo que creen ellos mismos, han deliberado como ciudadanos, y la gran masa ciudadana a su vez ha decidido, en ciertas coyunturas constituyentes, actuar como pueblo soberano… Pues los primeros han participado, a veces, en la deliberación constituyente de la ciudadanía, y ésta, a su vez, ha deliberado también sobre “la seguridad nacional”, que es el tema vertebral de la deliberación militar.

Ni la Historia oficial ni, por supuesto, el Derecho Constitucional, han reconocido esas ‘excepciones’ (las califican de “anárquicas”) como la ‘regla’ que debería convertirse en Ley Fundamental.  Pero la Historia social, que no es ‘oficial’ sino ‘cívica’, recuerda explícitamente que, entre 1810 y 1828, por ejemplo, los oficiales y soldados del Ejército Patriota actuaron en todo momento como auténticos ciudadanos, mientras las comunidades locales (“pueblos”, los llamaban) deliberaron soberanamente para darle al país su primera (legítima) Constitución Política del Estado[5].

Y recuerda también que, entre 1907 y 1925, los oficiales jóvenes del Ejército, para sacarse de encima el uniforme ‘pretoriano’ que les obligaron a vestir desde 1829, deliberaron sostenidamente a lo largo de todo el período señalado, y terminaron dando un doble golpe militar para: a) extirpar la “gangrena política” (así la llamaron) que infestaba al régimen oligárquico-parlamentarista; b) dar de baja a los generales que aun adherían al viejo régimen y c) convocar, en acuerdo con los trabajadores, a una libre Asamblea Nacional Constituyente, para que el mismo pueblo decidiera sobre su destino. En paralelo, el movimiento de los trabajadores, liderado por Recabarren, se auto-educaba, para desarrollar su “inteligencia popular”, deliberar con soberanía y dictar por sí mismos la Constitución Política que Chile realmente necesitaba[6].

¿Es en Chile todavía peligroso (o sedicioso) deliberar libre y colectivamente acerca del destino de todos? ¿Después de dos siglos sin deliberación oficial, ni militar, ni ciudadana? ¿Después del excepcional “estallido social” de octubre de 2019? ¿Después de que cuatro pandemias simultáneas (la del Covid-19, la económica, la climática y la constituyente) han caído, casi apocalípticamente, sobre el pueblo chileno?

¿No es tiempo ya de que la ciudadanía en su conjunto – militares incluidos – delibere sobre cómo superar los lastres del pasado y las pandemias del presente y del futuro? ¿No es tiempo de que la ciudadanía misma defina qué debe ser la “doctrina de la seguridad nacional”, que los militares deliberen junto al pueblo y obedezcan directamente la voluntad soberana de todos? ¿No es tiempo de acabar con las constituciones ilegítimas, con las oligarquías usurpadoras de la soberanía popular y con militares autómatas, que sólo obedecen – la orden que sea – sin deliberar jamás?

La Reina, abril 12 de 2020


[1] Capitán Fernando Montaldo Bustos: “Ningún cuerpo armado puede deliberar”, en Memorial del Ejército de Chile 26:255 (Santiago, 1953. Estado Mayor del Ejército), p. 81.

[2] Ver de A. López, P. Coddou & P. Valenzuela: “La difícil ruta de mando del general Ricardo Martínez”, en El Mercurio, 5/04/2020, D-9.

[3] La excepción es la Constitución de 1828, que no les prohibió deliberar. Esta Constitución, como se sabe, fue dictada en Valparaíso por una Asamblea Constituyente legítimamente ciudadana, que propuso un deliberante régimen “representativo-popular”.

[4] Ver de G. Salazar: La enervante levedad histórica de la clase política civil (Chile, 1900-1973) (Santiago, 1915. Debate), y El Ejército de Chile y la soberanía popular (Santiago, 1919. Debate)

[5] Esto está profusamente documentado en los archivos de Cabildo de ese período, en las Sesiones de los Cuerpos Legislativos y en las obras (no reeditadas) de los historiadores demócratas y liberales de esa época, como Benjamín Vicuña Mackenna, Melchor Concha y Toro, o Federico Errázuriz, por ejemplo. El mismo espíritu se encarnó en los militares más cultos y populares de ese tiempo, caso de los generales Ramón Freire Serrano y Francisco Antonio Pinto, o los coroneles Benjamín Viel y Jorge Beaucheff.

[6] Este proceso está también profusamente documentado en las memorias de los generales Arturo Ahumada, Juan Pablo Bennet, Carlos Sáez y Enrique Monreal, entre otros. Lo mismo en todos los periódicos de la época. Sobre la evolución soberana del movimiento popular, la mejor fuente es la evolución de los escritos y la vida pública de Luis Emilio Recabarren. Una visión global en G. Salazar: El Ejército de Chile y la soberanía popular…, op. cit., passim.