Fuerzas Armadas y soberanía popular

Por: Gabriel Salazar

El gran cambio estructural registrado desde comienzos de la década de 1980 – que abrió una nueva época para la humanidad – instaló en el escenario mundial un tiempo histórico de difícil diagnóstico y evasivo pronóstico, que está obligando, tanto a los expertos como a la ciudadanía misma, a reflexionar y deliberar en profundidad sobre los procesos abiertos que están determinando hoy – y a futuro – la existencia social.

Entre los procesos  desencadenados por ese cambio estructural (denominado global adjustment por los analistas internacionales) cabe recordar:

  • la globalización hegemónica del capital mercantil-financiero mundial, que relegó a un segundo plano al capital industrial;
  • el término de la guerra fría y el inicio de la “distensión” y “cooperación” entre los hemisferios en pugna;
  • la instalación del ciberespacio como referente comunicacional e informático de todos los países modernos;
  • el vaciamiento político progresivo del contenido nacionalista de los Estados social-democráticos;
  • la supremacía creciente de los centros globalizados de poder político, económico y militar sobre los polos y países sub-regionales;
  • la irrupción de un tipo de guerra no-convencional, de alta  tecnología  y valoración pragmática (terrorista y contra-terrorista) dentro y en el entorno del espacio globalizado;
  • la movilización de las sociedades civiles en todos los continentes, basada en redes socio-culturales de motivación no-ideológica, a la que se suma la emigración masiva de pueblos oprimidos por la misma globalización…

La nueva situación, descrita a veces como post-modernidad, otras veces como fase post-industrial e incluso post-capitalista y, para muchos, todavía, como etapa post-nacionalista o, simplemente, “neoliberal”, ha generado cambios de tal profundidad, que ha obligado a trastrocar varias líneas de la acción política clásica… Entre ellas, las políticas nacionales de Defensa…

Las mismas que dicen relación con la función que deben cumplir, geopolíticamente – en coherencia con sus respectivos Estados –, los ejércitos nacionales.

La geopolítica clásica ataba los ejércitos a los Estados, y éstos a la voluntad soberana, territorio y destino de la Nación. Más precisamente: situaba a los militares en una posición de obediencia no-deliberante bajo la autoridad civil del Estado Nacional…

Los nuevos procesos históricos desatados por el global adjustment han alterado drásticamente – como es fácil ver – el encuadramiento estratégico y geopolítico de los ejércitos ‘nacionales’. Pues, de hecho, la irresistible fuerza gravitacional de la globalización ha relativizado y deteriorado la vigencia estructural (y los conceptos) de Estado,  Nación, Seguridad Interior, Territorio Nacional, etc. En tanto la nueva tecnología bélica y los nuevos ‘tipos de guerra’ que está mostrando el siglo XXI han tornado ‘disfuncionales’ la organización, el tipo de acción bélica e incluso los valores intrínsecos que  inspiraron a los ejércitos ‘clásicos’ (de Napoleón Bonaparte, Manuel Baquedano,  Erwin Rommel, Douglas MacArthur, etc.). El armamento teledirigido a distancia es, hoy, de lejos – por  ejemplo – más importante que las masas de soldados maniobrando heroicamente en un campo de batalla… Y la decisiones estratégicas de las ‘intervenciones militares’ que se realizan aquí o allá, no son tomadas sólo por el Comandante en Jefe y su Estado Mayor en un momento de guerra declarada, sino por elites en las que priman los intereses económicos de proyección global (el petróleo, por ejemplo, y pronto, tal vez, el agua),  los intereses políticos derivados directamente de aquéllos y, de modo creciente, el temor a la guerrilla cultural y terrorista que surge de los pueblos oprimidos, precisamente, por el sobrepeso local de la globalización…  El ‘estado de guerra’ ya no lo deciden los pueblos, ni siquiera sus estados nacionales, sino las ubicuas cúpulas (asociadas) que supervisan y gobiernan el mundo globalizado de hoy.

La opción por el desarrollo y la defensa del Mercado Mundial ha sido adoptada – de hecho – por la mayor parte de las elites políticas del mundo (sobre todo, últimamente, en América Latina) y, tras esa decisión, se ha intentado cooptar también a las Fuerzas Armadas, para el mismo propósito. En Chile, este proceso – como se sabe – se inició de modo inverso: fueron los políticos civiles los que, durante el período de transición, se dejaron cooptar por el curso de acción neoliberal y globalizante instaurado por los militares, los que de madrugada habían adoptado, en sucesión, los dictámenes estratégicos del Inter-American Defense Colleges (Guerra Fría), y los de la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago… Pero fueron los políticos civiles los que, en Chile, una vez consumada la transición neoliberal, han invitado a los militares a construir una política de Defensa que, ‘democráticamente’, asegure la inserción integral de Chile en el mundo neoliberal globalizado y, al mismo tiempo, defienda desde Chile los intereses estratégicos de esa globalización. Es la política que anunció el Presidente Patricio Aylwin en 1994, que inició de hecho el Presidente Frei Ruiz Tagle en 1997, y que continuaron seguidamente los presidentes Ricado Lagos y Michelle Bachelet en 2002, 2010 y 2017, respectivamente. Política que quedó registrada – pero no incorporada a la deliberación ciudadana – en los cuatro tomos del llamado Libro de la Defensa Nacional, editado por el Gobierno de Chile en las fechas indicadas.

Adoptar como política ‘nacional’ la defensa estratégica de la lógica y los intereses centrales (económicos, políticos y militares) de la globalización neoliberal, mientras el Estado, la Nación, y la Seguridad Interior quedan marchitándose en un segundo plano, es una opción que, obviamente, necesita análisis teórico y deliberación colectiva. Esta necesidad ha motivado la realización, en todo el mundo – también en Chile – de estudios y análisis de todo tipo sobre el problema – no resuelto – de las relaciones cívico-militares. Pues la opción estratégica por la globalización implica, quiérase o no, como disfunción descuidada, aislar y debilitar la opción estratégica por el pueblo, la nación y la sociedad civil. Es decir: debilita los parámetros fundamentales de lo que es y ha sido siempre la seguridad interior

Con todo, la producción analítica surgida en torno al problema cívico-militar mencionado – que ha sido abundante – ha tenido la particularidad de que el polo civil de la relación cívico-militar ha sido definido y utilizado de manera consistentemente defectuosa. De modo que el problema, en sí mismo, no se ha resuelto, ni se resuelve: está en suspenso, como aporía – fundamental – persistente. Y esa irresolución obviamente tiene, en los hechos, consecuencias históricas de peso estratégico… Que no benefician, precisamente, a la sociedad civil…

El problema está en que se insiste en reducir ‘lo civil’ al Estado vigente, jurídica y burocráticamente considerado. Lo que equivale a establecer ‘lo civil’ como sinónimo de ‘lo político’. Y si se considera lo civil como sinónimo de lo político, entonces se está igualando lo civil a su ‘representación política’, esto es: a la clase política civil. Y esto significa reducir lo civil y lo político al tráfico de candidatos, al parlamentarismo crónico de los partidos políticos, a las alianzas y rupturas de alianzas, a la carrera política profesional, a la corrupción que con frecuencia se observa en esas esferas etc. Además, apostar a que lo civil consiste en el Estado vigente, presupone apostar a que, en Chile, la representación política de la soberanía popular ha sido siempre transparente, leal, sin traiciones ni usurpaciones… Sin embargo, la Historia de Chile muestra, hasta la saciedad, que esa representación nunca ha sido así, sino todo lo contrario. La historia de la ciudadanía en el país muestra que la soberanía popular ha sido consistentemente usurpada cada vez que ha sido necesario dictar una nueva Constitución, y que nunca sus representantes civiles (los políticos de marras), en dos siglos de historia, han convocado al pueblo a una libre Asamblea Nacional Constituyente[1]

En 1957, Samuel Huntington estableció un patrón analítico sobre las relaciones cívico-militares – convertido para muchos en un referente clásico – por el que señala que hay cinco “controles civiles” sobre los militares: a) por un “grupo social” en particular; b) por los “gobiernos constitucionales”; c) por una “clase social”; d) por un “sistema constitucional” y, e) por “maximización del profesionalismo militar”[2]… Como se ve, en ningún caso aparece aquí la ciudadanía en tanto que tal, o la comunidad nacional viva, o la voluntad popular explícita, en posición de establecer por sí misma un control soberano sobre las fuerzas armadas nacionales y/o sobre sus representantes políticos civiles… La deliberación libre, que es el rasgo fundamental en la construcción legítima de la soberanía ciudadana – y mecanismo central del poder constituyente –, en los cinco casos citados por Huntington, está sustituida o usurpada por grupos, clases sociales, gobiernos de turno, o por las mismas leyes. Mientras los militares – se supone – bajo todos esos controles, están terminantemente conminados a obedecer y vedados de toda libertad para deliberar

En los análisis chilenos sobre este mismo tema, por ejemplo, del capitán de navío Adolfo Paúl Latorre (2015), del teniente coronel Carlos Molina Johnson (1989 y 2008), e incluso del sociólogo Frederick Nunn (1976), ocurre lo mismo: ‘lo civil’ no es entendido como sinónimo de ‘soberanía ciudadana’, sino como Gobierno, Estado, Ley, o Clase Política Civil. Naturalmente, y como efecto de lo mismo, los análisis militares recientes sobre este problema están traspasados por la molestia derivada del hecho que esas instancias representativas de lo civil  han producido una serie de problemas, crisis y reventones históricos en  el país, que los han obligado a realizar todo lo contrario de lo que ordena la Ley: a deliberar, intervenir y a no obedecer, precisamente, a ‘lo civil’ considerado de esa forma…

El coronel José Miguel Piuzzi, en cambio, ha enfocado el problema con una mirada más amplia. En un artículo publicado en 1996, señala:

La dimensión social del fenómeno de las relaciones civiles-militares es reducida a su dimensión política… Y esto obstaculiza el poder establecer una adecuada comprensión de la interacción entre la sociedad (que representa el todo) y las Fuerzas Armadas (que constituyen parte de ésta)… Al quedar reducida la categoría ‘sociedad’ a su dimensión política, lo siguiente es identificar aquélla sociedad política con un régimen político determinado… [3]

Como es fácil demostrar, la “sociedad civil”, pese a que ha sido reducida a, y confundida en la historia real y en muchos análisis con su poco leal ‘representación política’, no es, ni con mucho, anonadada históricamente por ese tipo de reduccionismo… La sociedad civil, como quiera que sea lo que ocurra con sus representaciones conceptuales y políticas, es comunidad viva. Dotada de razón, sentimientos, voluntad, energía e historicidad propias[4]. Es, en suma, movimiento… Y por esto mismo es – como la llamó Sidney Tarrow –: “poder en movimiento”[5]. No necesariamente poder constitucionalizado, estático, hecho Ley y cristalizado como Estado y burocracia… sino poder histórico – no sistémico –, que actúa y se mueve legislando cuando no hay ley, o protestando por debajo de las construcciones legales, o contra ellas, y antes, durante y después del Estado… Y aun, como se puede apreciar hoy, bajo el mismo régimen triunfante de la globalización…

El siglo XXI ha visto y sentido, desde sus inicios (desde el global adjustment), y a contrapelo del gran movimiento globalizador con todo su aparato de auto-defensa, lo que los analistas mundiales y nacionales han estado conceptuando, en sucesión: “el regreso del sujeto”, el “retorno del actor social”, la irrupción de los “nuevos movimientos sociales”, la rebelión de los “indignados”, etc. y, en Chile, las “jornadas nacionales de protesta contra la dictadura”, los movimientos estudiantiles de 2016 y 2011, las asambleas ciudadanas rebeldes de 2011-2015 y la movilización feminista de 2018-2019, etc.  Es que las sociedades civiles (o “pueblos”) tienen, dentro de sí, una urdimbre de valores de recarga automática, que las impulsa a la acción libre y contestataria, independientemente de lo que marque la ley, el Estado, los intereses globalizados, o los ejércitos nacionales o mundialmente coordinados[6]

Es allí, dentro de ellas, donde reside y radica, legítimamente, la verdadera deliberación y, por tanto, la única soberanía.

Tras el global adjustment y dentro de un presente histórico de ‘difícil diagnóstico y evasivo pronóstico’ la deliberación verdadera y legítima, dentro y con la sociedad civil se está convirtiendo en un imperativo categórico de ineludible realización. El problema radica, en Chile, en que esa deliberación ha estado obstaculizada o postergada una y otra vez por la clase política civil que ha estado controlando el Estado desde 1990. Además, los insumos culturales con que cuenta la ciudadanía para realizar esa deliberación, y en particular, sobre el problema de la relación entre los ciudadanos y los militares son escasos, o inexistentes… Lo que hay, o está impregnado por: a) el peso cultural de tradiciones que vienen del siglo XIX (bajo forma de una ‘apologética militar’), b) por el sobrepeso del enfoque político convencional (que se alinea mansamente con las tendencias mundiales), c) por el dolor trans-generacional de la violación de los Derechos Humanos realizada por los militares entre 1973 y 1990 y, sobre todo, d) por los intereses continuistas de una clase política civil que se resiste a ser políticamente responsable frente a la soberanía legítima de la ciudadanía[7]

En el ensayo “El ejército de Chile y la soberanía popular”, publicado a mediados de 2019, se intenta examinar el problema de las relaciones cívico-militares desde una perspectiva histórico-social, pero, sobre todo, desde la perspectiva soberana de la ciudadanía… Apostando a que la deliberación libre y responsable, aparte de ser una necesidad urgente de nuestro tiempo (complejo y sin alternativas claras de futuro), debería ser una práctica normalizada – por tanto, algo más que un ‘derecho’ – de todas las comunidades de base del país… Lo que implica que el verdadero foco de análisis de las relaciones cívico-militares debiera estar dirigido a esas prácticas, donde los militares debieran deliberar junto con la ciudadanía, para obedecer directamente – en su fuente mismalos mandatos legítimos  de ‘lo civil’…Pues sólo así se evita que el “monopolio de la violencia estatal” opere como fuerza pretoriana al servicio de élites o redes privadas – nacionales o internacionales –, y no como fuerza interna de la soberanía inherente por naturaleza al pueblo ciudadano…


[1] Desde 1991, los políticos han concitado el rechazo rotundo  de la ciudadanía, registrándose un aumento desde el 54 % en el año indicado, hasta más del 95 % entre 2015 y 2017. En su edición del 25 de marzo de 2019, El Mercurio da cuenta de que, de los 13 “factores que más enojo provocan en los chilenos”, el que provoca mayor indignación son “los políticos de Chile” (B-12).

[2] Samuel Huntington: The Soldier and the State. The Theory and Politics of Civil-Military Relations (Cambridge, Mass., 1957. Harvard University Press), pp. 80-84.

[3] Coronel José Miguel Piuzzi: “Las relaciones civiles-militares”, en Memorial del Ejército de Chile, Nº 450 (Santiago, 1996. Estado Mayor), p. 123.

[4] Véase, para adentrarse en el tema, de Gary Craig & Marjorie Mayo (Eds.): Community Empowerment. A Reader in Participation and Development (London, 1995. Zed Books), sobre todo capítulos I y III.

[5] Sidney Tarrow: Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics (Cambridge, U.K.,  1998. Cambridge University Press).

[6] Es de interés el trabajo seminal de Manuel Castells: The Power of Identity (Oxford, 1997. Blackwell Plublishers), ver sobre todo capítulos 2 y 5.

[7] Véase de G. Salazar: “La nueva intelligentsia crítica chilena y los nuevos movimientos sociales: una solidaridad inconclusa (1990-2016”, en ídem: La Historia desde bajo y desde adentro (Santiago, 2017. Taurus), pp. 361-406.

*Foto: Ministerio de Defensa Nacional