Corrupción: El deber de denunciar y el derecho a protección

Por: Rafael Harvey Valdés

Para el día 11 de agosto está fijada la discusión, en segundo trámite reglamentario, de los proyectos de ley refundidos que extienden la esfera de protección que otorga la ley Nº20.205, al personal de las FF.AA., regido por el Decreto con Fuerza de Ley (G) Nº 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que establece el estatuto del personal de las Fuerzas Armadas, frente a la denuncia por faltas a la probidad y otros delitos y consagra un procedimiento para ello. Boletines Nros. 12211-02 y 12948-02.

La ley 20.205, promulgada el año 2007, fue denominada como “Protege a funcionario público que denuncie irregularidades y faltas al principio de probidad”. La protección es tan sencilla y ecuánime que en síntesis, consiste en que desde que un funcionario público cumple con su deber de denunciar, no se le puede calificar, cambiar de puesto de desempeño ni desvincular hasta que termine la investigación, así como también, si la denuncia resulta ser falsa, puede recibir el castigo que podría conducir a la destitución, sin embargo, de manera inexplicable e inexcusable; los legisladores de la época dejaron fuera de dicha protección a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros.  

El mismo año de promulgación de esta ley, el ex militar don Cristian Opazo se negó a cumplir una orden de sus superiores respecto a encubrir hechos de corrupción, siendo objeto de inaceptables vejámenes, razón por la que el Fisco tuvo que resolver una indemnización ordenada por la Justicia, expresando en la sentencia que: “la conducta del señor Opazo, fue la conducta esperada de todo funcionario público honesto” (1).

Resulta ilógico que tras efectuar una denuncia en una institución vital para la defensa del país, el denunciante quede en la más absoluta indefensión y a merced de severas represalias, al punto en que las autoridades han tendido a crear canales anónimos de denuncia. ¿Por qué anónimos?, simplemente porque se da por hecho que, tal como don Cristian Opazo, todo denunciante puede ser objeto de represalias.

La disciplina militar

El General Martínez, actual Comandante en Jefe del Ejército, ha asegurado que la “disciplina es un valor a proteger a ultranza” (2). Pues bien, y tal como se lo expresé personalmente el 25 de mayo 2019, compartimos que la disciplina militar es un valor esencial en el ámbito castrense, sin embargo, el vacío legal que desproteje a todo camarada que denuncie corrupción, conlleva a las mayores indisciplinas, dado que los militares actualmente se ven en la obligación de hacerlo por canales informales, como por ejemplo, redes sociales, el anonimato o medios de comunicación, dado el legítimo temor a las represalias.

Esta indefensión se opone al deber de denunciar, estipulado en la Ley 18.834 en su artículo 61 letra K., en el Código Procesal Penal en su artículo 175.-  y en el Código de Justicia Militar en su artículo número 131. La ley define como un deber de los funcionarios públicos, y en especial de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros, de denunciar; pero ¿por qué nadie, o casi nadie denuncia?, ¿por qué se considera una deslealtad a quien informe –aunque sea de forma sutil y soterrada- una irregularidad del mando?. La respuesta sigue siendo la misma, existe ausencia de protección para los uniformados que cumplan con el deber de denunciar hechos de corrupción.

Una disciplina militar férrea y comprometida con la defensa, bienestar y destino de la Patria y nuestro pueblo, debe tener como base, el compromiso de todo uniformado para defender a su institución de la corrupción, flegelo que la erosiona desde su interior y contraviene al interés nacional. Muy por el contrario, permitir, ignorar o callar frente al uso indebido de los recursos destinados a la defensa de nuestro país, expresa una falsa disciplina que lesiona el honor militar y el juramento que le hicieramos a nuestra bandera.

Una ley que proteja al denunciante y en consecuencia, a la institución y al país

Así, cuando los parlamentarios dejaron desprovistos de protección para denunciar al personal de las FFAAs y y Carabineros; no contaron con que pocos años después, pero con prácticas muy longevas, desde el año 2014 a la fecha, oficiales superiores de nuestras instituciones castrenses fueran procesados por los dos fraudes más relevantes de la historia republicana de Chile, acreditados e investigados desde el 2014 y 2015 respectivamente por más de 6.000 y 30.000 millones cada uno, los cuales no fueron denunciados por las mismas instituciones, sino que fueron descubiertas por hechos circunstanciales y fortuitos.

La moral de nuestra defensa nacional -fundamental para el ejercicio del poder militar- quedó severamente dañada frente al escrutinio ciudadano y la opinión internacional. En tales circunstancias, presenté un proyecto de ley simbólico el 03 de junio de 2016 a todos los estamentos del Estado, sin lograr que se tomara medida alguna el respecto.

Sólo en octubre de 2018, el Diputado Jorge Brito, integrante de la Comisión de Defensa de la cámara, tomó esta iniciativa para perfeccionarla y presentarla como un proyecto de ley que a la fecha no ha sido aprobado por la sala, y como consta en sesiones de la Comisión de Defensa, ha sido detalladamente trabajada por civiles y las instituciones.

De manera paralela, el año 2016, se solicitó por parte del suscrito ante la Contraloría General de la República, la debida protección ante denuncias de corrupción, sin embargo, en su dictamen CGR Nº 78.299-2016, no hizo aplicable la protección al denunciante.

No debemos olvidar, que la investigación de la ministra en Visita Extraordinaria, Doña Romy Rutherford Parentti, ha dado cuenta que en más de 20 sumarios administrativos había irregularidades y desfalcos que pasaron por frente y por revisiones de la CGR, sin sanción ni acción punitiva ni cuestionamiento alguno, debiendo la magistrada solicitar detalle de varios de ellos.

Por otra parte, desde marzo de 2019, el suscrito solcitó reuniones ante al Ministerio de RREE y Ministerio de Defensa, en donde expresamente quedó registrado en la ley del lobby, el nulo interés del ejecutivo en cuanto a la protección de los denunciantes. Tanto es así, que desde el 2018 a la fecha ni siquiera se ha puesto urgencia al proyecto que aún sigue tramitándose.

La corrupción es sintomática de un problema profundo, hay que recordar que en agosto de 2019 tuvimos dos ex Cdtes en Jefe del Ejército en prisión preventiva de manera simultánea por fraude al fisco, como también, se concurrió con espionaje por parte de la inteligencia militar durante el 2017 y 2019 a cuatro denunciantes de corrupción y en contra de un periodista autor del libro “Milicogate, traición a la patria”.  ¿Se ha realizado alguna auditoría al daño que esta situación le ha infringido a la capacidad de disuasión de nuestro poder militar, corruptible y permeable al delito?

Fin al laberinto de la corrupción

Teniendo antecedentes de corrupción, no pude presentarlos ante el Ministerio Público dado que es incompetente para conocer de hechos castrenses; luego, habiéndolos entregado al juzgado militar, fueron archivados por un subordinado de los denunciados; luego, al intentar exponerlos ante el ente fiscalizador de la Cámara de Diputados, se me citó a exponer sobre una “red de protección a la corrupción” el 20 de noviembre de 2018, la que fue dejada sin efecto a dos días de concurrir, dado que el ejecutivo, por medio del Ministerio de Defensa, prohibió la concurrencia de oficiales en servicio activo a exponer ante el poder legislativo. El mismo Consejo de Defensa del Estado, estando en conocimiento de esta grave denuncia, no ejecutó acción alguna, y finalmente el MINDEF  que es el superior de los denunciados, no le interesó conocer de las denuncias presentadas entre octubre de 2018 hasta agosto de 2019 y a la fecha, donde fueran rechazadas más de 32 solicitudes de audiencia registradas en ley del lobby.

Es de esperar que se promulgue a la brevedad esta ley, a fin de no tener que denominar “héroe” a quienes se atrevan a cumplir con el deber legal de denunciar las faltas a la probidad, como así lo destacaron algunos diputados en la discusión del proyecto de ley el pasado 23 de junio 2020. Así mismo y en total desconocimiento de conceptos como el liderazgo, disciplina y mando militar y en evidente desconexión con la realidad castrense, diputados oficialistas hicieron un festín, atacando, denigrando y desacreditando a este denunciante.

Al menos, es un hecho que desde el 2007 a la fecha, todos los organismos del Estado de Chile antes señalados, fallaron rotundamente en el combate contra la corrupción en las instituciones armadas. Es tiempo de recuperar el rumbo extraviado.

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(1) Causa “Opazo Otárola, Cristián con Fisco”, Rol Nº 20.772-13 del Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Santiago.

(2) Dichos de Martinez en sesión de la cámara de diputados del 05 de noviembre 2018de Santiago.