Transformar para no repetir

Transcurridos 47 años del golpe de Estado, aún sigue vigente la fractura nacional originada por la élite cívico-militar y que apoyada por servicios extranjeros de seguridad, infringieron el mayor fraccionamiento social de nuestra historia reciente. Según cifras oficiales, a la fecha son al menos 1.201 los desaparecidos/as, 2.125 los asesinados/as y 28.459 las y los compatriotas torturados. Al mismo tiempo y al amparo del “pacto de silencio”, numerosos son los procesos judiciales pendientes en materia de reparación.

Esta fractura se ha profundizado durante el periodo transicional debido a, entre otras múltiples causas, una injustificada resistencia de los criminales y cómplices que en virtud de una “obediencia debida”, una “prescripción” y en reivindicación de una aún vigente “ley de amnistía” han obstaculizado la administración de justicia. Además de una perversa actitud del Consejo de Defensa del Estado, que ha solicitado en reiteradas oportunidades ante tribunales, la negación de reparación para familiares y víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Respecto a la ley de amnistía, esta aún no  ha sido derogada, sin embrgo, ha sido limitada en su aplicación gracias a la suscripción de tratados internacionales de DDHH por parte del Estado de Chile, los que en virtud del artículo 5 inciso 2 de la Constitución, tienen supremacía legal por sobre normas de régimen interno, como los son; la convención ONU contra la tortura y la convención internacional contra la desaparición forzada de personas. No obstante, estos cuerpos legales son del todo insuficientes. Más allá de gestos simbólicos, aún no existen garantías doctrinarias e institucionales de no repetición. Al respecto, es preciso recordar que la Convención de Ginebra y sus protocolos adicionales para el Derecho internacional Humanitario, aplicaban en Chile desde 1949, sin embargo, fueron incumplidos por las Fuerzas Armadas entre 1973 y 1990.

Considerando que desde los albores de nuestra naciente República ha existido una recurrencia histórica de intervenciones militares en las coyunturas fundamentales de la política nacional, es preciso tener presente que en el actual proceso constituyente se vuelve fundamental la realización de transformaciones institucionales (que no se realizaron durante el periodo transicional) que consagren y otorguen garantías efectivas de no repetición.

En consecuencia, desde el Grupo de estudios cívico-militares “Pelantaro”, nos hemos propuesto contribuir a desarrollar desde el movimiento ciudadano-constituyente, la reflexión crítica y el ejercicio teórico-práctico en búsqueda de la redefinición de las nociones fundamentales de seguridad nacional, las bases doctrinarias de una nueva defensa nacional bajo la corresponsabilidad e integración plena entre fuerzas armadas y sociedad civil, promover una profusa formación en DD.HH. para un proyecto pedagógico militar, la eliminación de la justicia militar en tanto institucionalidad de las respectivas Comandancias en Jefe y la centralidad de la “obediencia reflexiva” en la disciplina militar, con su respectiva jerarquía legal.

PELANTARO | Grupo de Estudios cívico-militares
11 de septiembre de 2020