LA CONCEPCIÓN ESTRATÉGICA-CONJUNTA DE CARLOS PRATS

«Debe considerarse que la total y prolongada dedicación de las Fuerzas Armadas a tareas policiales, provocará un vacío intelectual irrecuperable en la preparación para el mando superior de los actuales niveles jerárquicos medio y subalterno de la oficialidad y suboficialidad. Su repercusión para los fines de la Defensa Nacional se hará sentir por lo menos durante los tres decenios siguientes al retorno a la profesionalización de los cuerpos armados, aparte de todas las implicancias anímicas del impacto generacional en las actuales promociones más jóvenes de la carrera y en los adolescentes en aptitud de postular al ingreso de las FF.AA.» (Carlos Prats. Memorias)

Al cumplirse 46 años del asesinato del General Carlos Prats González en el barrio de Palermo (Buenos Aires) a manos del aparato exterior de la DINA, queremos relevar un aspecto de su pensamiento estratégico militar presente en “Memorias. Testimonio de un soldado” y que cobra renovada vigencia en la actual coyuntura histórica.

Para el General Carlos Prats, la nueva subordinación  militar al poder civil que debía establecer el Chile de la posdictadura, debía tener como base doctrinaria, una nueva concepción conjunta de la estructura de la fuerza, bajo la conducción del Presidente de la República en tanto Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.


LAS FF.AA. Y CARABINEROS EN LA “NUEVA DEMOCRACIA AVANZADA CHILENA”

La nueva subordinación del sector militar al poder civil

Si concebimos la esperanza de que “más temprano que tarde” emerja en Chile un gobierno auténticamente representativo de la voluntad realmente mayoritaria del pueblo, de acuerdo con los lineamientos esbozados en el título anterior de este “Epílogo”, es preciso referirse, también, en líneas muy generales al nuevo rol que cabe asignar a las Fuerzas Armadas y Carabineros en la concepción de una “democracia avanzada”.

Desde luego, no se concibe la existencia, dentro de un Estado moderno, de una fuerza pública que no sea esencialmente profesional. Lo contrario es imaginar una fuerza paramilitar como guardia pretoriana del gobierno de turno, destinada a sostenerlo en el poder, con prescindencia de los intereses permanentes de la seguridad de la nación como cuerpo social.

Sin embargo, la posición “profesionalista” no debe entenderse como total indiferencia política, lo que significaría la ausencia de una meta nacional. En tal sentido, el profesionalismo militar debe identificarse con la prescindencia propiamente partidista. Sin embargo, el personal de las FF.AA. constituye un sector vivo de la sociedad y, como tal, no puede calificársele de un “instrumento de fuerza neutro”, al servicio del gobierno que “ocasionalmente” asuma el poder.

De aquí la filosofía de la “democracia avanzada”, que requiere de mecanismos de generación del poder que ofrezcan a la comunidad nacional la garantía cierta de que el gobierno, elegido libremente, sea genuinamente representativo de la Mayoría -con mayúscula- Nacional.

En tales términos, la premisa esencial para la vigencia del Estado de Derecho, consiste en que cada Institución sea utilizada en su marco funcional apropiado y específico. Así como el Ejecutivo “administra” el Estado, el Legislativo genera las leyes de interés general y el Judicial aplica los códigos de Justicia, así también como fuerza pública las FF.AA. y Carabineros tienen sendos roles específicos que se yuxtaponen en vez de superponerse, sujetos a control inescapable del poder civil representativo de tal mayoría nacional.

La sujeción de la fuerza pública al poder civil, excluye perentoriamente los sofismas de la presunta “autonomía” del órgano de fuerza respecto de los poderes constitucionales del Estado, para constituirse en el “supracontralor del interés nacional y de los altos destinos de la Patria”, sustituyendo la voluntad soberana del pueblo.

No entender así el rol institucional de las Fuerzas Armadas y Carabineros, es negar la esencia misma de la democracia, en la que “se delega” el quehacer nacional en autoridades representativas, pero no se “usurpa” su razón de ser por la decisión emocional de caudillos del poder armado.

Tampoco debe pensarse en que la destrucción del “mito de la autonomía” exige la simplista solución de designar, para el mando de las Instituciones, a autoridades militares o policiales incondicionales o políticamente comprometidas con la tendencia partidista hegemónica.

Se requiere de una nueva concepción estructural de los cuerpos armados que, junto con dar satisfacción a la filosofía de la irrestricta subordinación al Poder Constitucional, que se aproxime orgánicamente a las modalidades de empleo estratégico de fuerzas conjuntas, en la eventualidad de una agresión exterior.

Difícil es lograr el ideal de fusionar en una sola Fuerza Armada la tradicional compartimentación en fuerzas de aire, mar y tierra. Pero el extremo actual de mantener una organización de paz tripartita, con doctrinas institucionales divergentes con respecto a los objetivos estratégicos, tendrá que ser superado mediante un nuevo sistema orgánico de mayor aproximación tridimensional. Éste, sin quebrantar el espíritu de cuerpo ni atentar contra las diferentes modalidades de empleo en sus medios específicos, debe posibilitar una rápida integración de “órganos de fuerza estratégicos” que realicen flexiblemente la aplicación de los principios clásicos de la guerra.

Éste, también, es un tema que da margen a profundos estudios especializados y a debates reservados de carácter técnico, por lo que no cabe – conforme a la naturaleza del presente escrito- ir más allá de su somera enunciación. Sin embargo, es posible dejar establecido conceptualmente que un símbolo jurídico de la no autonomía de los mandos técnicos  de los cuerpos armados, es adoptar imperativos de verticalidad ya vigentes en otros países. Por ejemplo, reservar constitucionalmente para el Jefe de Estado la denominación adicional de “Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas”, asignando a los mandos técnicos de cada rama de la Defensa Nacional el cargo de “Comandante General”, subordinados a un “Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional”, que podría ser incluso un miembro en retiro de las FF.AA. llamado a servicio activo, con acción de mando para los efectos de la coordinación estratégica del empleo de los “órganos de fuerza”.

El Ministro de Defensa Nacional podría ser, así, un Secretario de Estado en quien se centraliza el peso del rodaje administrativo de la Defensa Nacional. En esta forma, el Presidente de la República, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, delegaría parte de sus responsabilidades en dos altas autoridades: una de acción operativa y otra de acción administrativa.

Esta solución tentativa adquiere mayor relevancia si se llega a la conclusión de la conveniencia de que Carabineros de Chile dependa definitivamente del Ministerio de Defensa Nacional, asunto sobre el cual no emito opinión, por carecer de elementos de juicio avalados por la experiencia recogida sobre el particular (…)”

Carlos Prats González
Memorias. Testimonio de un soldado (extracto)